Humor venezolano

Rayma. EL UNIVERSAL.

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La pobre economía

Teódulo López Meléndez, Caracas.

TeóduloLa economía no puede manejarse desde impulsos expropiatorios. Las líneas económicas no pueden ser determinadas por un iluminado que va recorriendo el territorio señalando con la punta del dedo lo que debe pasar a control del Estado. La economía ya no puede ser marcada por desvaríos ideológicos. No es permitido ajustarse a cánones decimonónicos y proceder a destruir un aparato productivo en aras de la supuesta edificación de una idea rocambolesca.

Eso de ir a destruir el capitalismo para sobre las ruinas construir el “socialismo del siglo XXI” es un desvarío. Qué hay que avanzar hacia nuevas formas es un mandato de los tiempos, pero hay que tener el tino de comprender que la justicia económica en el siglo XXI se llama convivencia pacífica de distintas formas de propiedad.

Pasos al azar, gasto sin control para pagar una deuda social que había que pagar, pero sin la sabiduría del buen administrador. Expropiaciones fuera del ordenamiento jurídico para avanzar hacia un capitalismo de Estado que sería algo así como la antesala de la utopía realizada contradiciendo la propia esencia de la palabra. Esos fueron algunos de los desvaríos, a los cuales hay que agregar el de la corrupción, en infinidad de casos permitida para ganar lealtades, para tener listo el expediente por si alguien intentaba un desvío.

La economía es pragmatismo, hasta para construir un nuevo modelo, como el que hace falta, porque ahora ni eso es discutible, dado que hay que recurrir al librito para tratar de arreglar el desastre de una economía en el suelo y tratar de que las medicinas sean para el paciente lo menos dolorosas posibles.

Frente a la necesidad de correcciones están las realidades políticas. Si tratan de enderezar, los radicales argüirán que se ha abandonado el “Plan de la patria” y el heroico legado del “líder supremo”, mientras que si se persiste en este camino el que termina de hundirse es el país. Anuncian, por ejemplo, la necesidad de un cambio único, lo que es evidentemente conveniente, pero todos tememos que con él venga otra devaluación brutal de nuestro signo monetario.

En economía, tal como no se pueden aplicar ortodoxias ideologizadas, también se pagan los precios por las decisiones que se tomen. El desastre a donde hemos llegado tiene, en consecuencia, un precio político que el inmensamente débil Maduro deberá pagar, no sabemos si arriesgando incluso su propia estabilidad.

La economía es pragmatismo, no ideología. Se hace lo que conviene, aun dentro de un proyecto razonable de justicia, como el que algunos consideramos de diversas formas de propiedad conviviendo pacíficamente. El que en economía se plantee absurdos conduce a la ruina. No se puede pagar deuda social a costa de hacer de PDVSA un ente endeudado hasta la coronilla. No se puede vivir de subsidiar sin plantearse la sustitución de los subsidios por formas productivas de organización comunitaria.

En enero del 2013 advertí que el 2014 sería el año decisivo sobre el destino de Venezuela. Tal planteamiento no fue consecuencia de algún súbito rayo de lucidez, sino de estudio de la agenda política y de la evolución que llevaba la economía. Sigo pensando lo mismo y por eso he dicho que llegaré a su final opinando, no sin hacer -lo admito- un supremo esfuerzo de disciplina. Desde las nociones básicas hasta las grandes decisiones, desde los vericuetos de la psicología social hasta la realidad de una clase política enclenque, el país venezolano sigue a merced de los imprevistos, del azar.

Crisis de los derechos humanos en Venezuela

Desde los tiempos de Chávez, la situación de los derechos humanos en Venezuela ha venido deteriorándose exponencialmente. Ahora, con Nicolás Maduro, la situación de esos derechos básicos es crítica. Es natural que en un país donde no existe la división de poderes -o sea, donde no funciona el Estado de Derecho y no hay democracia, aunque abunden las elecciones- las libertades ciudadanas sean cada día más gravemente reprimidas. No es por gusto que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) dirigiera ayer la siguiente carta a los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.
26 de Junio de 2014
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a Uds. para compartir las conclusiones de nuestro informe más reciente sobre Venezuela, titulado: “Castigados por Protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia de Venezuela”. Como integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que procura promover el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, sus gobiernos se encuentran inmersos en un proceso político y diplomático con la administración del Presidente Nicolás Maduro. Por ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para instarles respetuosamente a que exhorten a las autoridades venezolanas a abordar cuanto antes los alarmantes problemas de derechos humanos que enfrenta el país.
Esta carta se enmarca en los principios que guían la actuación de Unasur. El Tratado Constitutivo de Unasur de 2008 dispone que “tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de… democracia; participación ciudadana y pluralismo; [y] derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes”. El tratado estipula asimismo que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Miembros”.
A fines de marzo, un equipo de Human Rights Watch se trasladó a Venezuela para investigar denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las recientes y masivas protestas públicas, que comenzaron el 12 de febrero de 2014. Nuestros expertos visitaron Caracas y los estados de Miranda, Lara y Carabobo, y mantuvieron más de 90 entrevistas con víctimas, médicos que las atendieron, testigos, periodistas y defensores de derechos humanos. También reunimos documentos judiciales, informes médicos, fotografías, grabaciones de video y otras evidencias relevantes. Durante nuestra investigación, documentamos 45 casos de abusos que afectaron a más de 150 víctimas.
La magnitud de las violaciones de derechos humanos que identificamos, y la variedad de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales que participaron en ellas, demuestran que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos actores insubordinados. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa el más grave que hemos observado en Venezuela en años.
Nuestras investigaciones indican que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados aplicaron rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados y también contra transeúntes. Estos excesos incluyeron severas golpizas; disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud; y disparar perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas y ya se encontraban bajo custodia de las autoridades. Que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares durante el período de seis semanas analizado, nos permitió concluir que estas violaciones de derechos humanos formaron parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.
En todos los lugares que visitamos, también constatamos que se cometieron abusos graves contra detenidos, quienes en muchos casos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevados ante un juez. Tales abusos incluyeron golpizas, descargas eléctricas o quemaduras; ser obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas; permanecer esposados durante horas a otros detenidos, a veces formando cadenas humanas de más de 30 personas; y extensos períodos de exposición a frío o calor extremo. En al menos 10 casos, las evidencias que recabamos indican que los abusos constituyeron claramente tortura, conforme a su definición en tratados internacionales.
Asimismo, observamos que algunos funcionarios judiciales incumplieron su rol de garantes frente a abusos de poder y, en vez de ello, participaron en graves violaciones del debido proceso. Prácticamente a todas las víctimas que entrevistamos se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales, las cuales a menudo se realizaron en la mitad de la noche. Jueces y fiscales en reiteradas ocasiones hicieron caso omiso de evidencias que sugerían que los detenidos habían sufrido abusos físicos o que miembros de las fuerzas de seguridad les habían colocado pruebas para incriminarlos.
Nuestras investigaciones también demuestran que miembros de las fuerzas de seguridad actuaron deliberadamente contra periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión de manifestantes, y toleraron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron de manera directa con estas.
Tanto el Presidente Nicolás Maduro como la Fiscal General Luisa Ortega Díaz han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos, y se han comprometido públicamente a investigar estos casos.
Venezuela policíasSin embargo, existen motivos justificados para dudar de la credibilidad de estas investigaciones. Según pudimos documentar, en algunos casos los propios funcionarios judiciales han estado directamente implicados en graves violaciones del debido proceso. Cualquier investigación seria exigirá que estas instituciones indaguen sobre su propia actuación, lo cual supone claros conflictos de interés. A su vez, el poder judicial venezolano en la práctica ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno, y esto dificulta incluso más la posibilidad de que estas investigaciones permitan que los responsables rindan cuentas ante la justicia[8]. Por último, tanto el presidente como la fiscal general en reiteradas declaraciones públicas restaron gravedad a los abusos, y a la vez destacaron la actuación de fuerzas de seguridad, a pesar de que cometieron violaciones sistemáticas de derechos[9].
Quisiera agregar, asimismo, que resulta alarmante que el gobierno haya procurado insistentemente atribuir responsabilidad por los sucesos violentos a opositores políticos, o simplemente a la oposición en su conjunto, sin aportar pruebas creíbles de ello. Por ejemplo, el gobierno acusó al líder de oposición Leopoldo López de ser el “autor intelectual” de las muertes relacionadas con las protestas del 12 de febrero. El Ministerio Público actuó rápidamente para conseguir su arresto en relación con varios presuntos delitos, entre los cuales se incluía inicialmente el de homicidio, pero posteriormente retiró este cargo cuando trascendieron grabaciones de video donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes que no estaban armados. López permanece en prisión preventiva en una prisión militar desde hace más de tres meses, a pesar de que no se han dado a conocer pruebas creíbles que corroboren que haya cometido algún delito. A principios de junio, una juez provisoria (es decir, sin garantía de estabilidad en el cargo) dispuso que López y dos estudiantes acusados de ser los autores materiales de los delitos presuntamente cometidos por este permanecerían detenidos durante el juicio. (Los dos estudiantes sufrieron abusos severos durante el período inicial de su detención, y fueron expuestos a graves violaciones de debido proceso).
De manera similar, el Ministerio Público también ha conseguido que se ordene la prohibición de salida del país de líder opositora María Corina Machado y que se libre orden de arresto contra otras figuras de oposición, mientras que el Tribunal Supremo ha juzgado en forma sumaria y condenado a prisión a dos alcaldes opositores, en procesos judiciales que no respetaron garantías básicas de debido proceso.
El rol que cumplió inicialmente Unasur en la promoción del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición constituyó una buena iniciativa. No obstante, al momento de la redacción de esta carta, ese diálogo se encuentra estancado, y la intervención de Unasur no ha redundado en resultados concretos que podrían mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
A la luz de los principios rectores de Unasur y las obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, que derivan de tratados actualmente en vigencia de los cuales los Estados Miembros de Unasur son parte, Unasur debería exigirle al gobierno venezolano que modifique su conducta y adopte medidas específicas para respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para ese fin, les instamos respetuosamente a que exhorten al Presidente Maduro y/u otras autoridades relevantes a:
• Ordenar a todas las fuerzas de seguridad que sus miembros inmediatamente desistan de maltratar y emplear violencia contra manifestantes que ya estén bajo custodia de las autoridades, así como de cualquier otro uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública en el contexto de manifestaciones, y cumplan con las normas internacionales sobre uso de la fuerza;
• Prohibir a todas las fuerzas de seguridad que colaboren con actos de violencia u otros actos ilícitos por parte de pandillas armadas partidarias del gobierno, o que toleren estos actos, y ordenarles que adopten medidas para asegurar el desarme de grupos que posean ilegalmente armas o participen en actividades armadas ilícitas, y detenerlos cuando cometan delitos;
• Efectuar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y actos de violencia perpetrados por ciudadanos en el contexto de protestas, con independencia de las simpatías políticas de los presuntos responsables o las víctimas;
• Disponer la liberación inmediata e incondicional de las personas que fueron detenidas de manera ilegítima por ejercer sus derechos fundamentales, y de quienes fueron arrestadas en forma improcedente en casos en que las autoridades no presentaron evidencias creíbles de su supuesta responsabilidad penal;
• Abstenerse de toda retórica por la cual se fomente la violencia contra manifestantes y periodistas;
• Adoptar medidas para restablecer la independencia del poder judicial, empezando por el Tribunal Supremo; y
• Acceder inmediatamente a los pedidos de visita pendientes presentados por los relatores especiales de las Naciones Unidas, reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una visita in loco a Venezuela.
Aprovecho la ocasión para expresarles los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.
Atentamente,
José Miguel Vivanco,
Director Ejecutivo, División de las Américas.

Libro sobre Lezama Lima y el grupo Orígenes

Miércoles 25 de junio a las 20 h

Presentación del libro
El grupo Orígenes de Lezama Lima
o el infierno de la trascendencia

Participan
Agustín Sánchez Antequera, editor
Pío Serrano, editor
Amauri Gutiérrez Coto, autor

Amauri Gutiérrez libro

Legados Ediciones. Colección Estudios 2

Este ensayo se inserta en un conjunto de obras publicadas por su autor en los últimos años. Se relaciona con una polémica literaria entre Gastón Baquero y Juan Marinello acerca de la función del escritor como hombre contemplativo o de acción sociopolítica (Polémica literaria entre Gastón Baquero y Juan Marinello, 1944, Sevilla, 2005), un epistolario que reúna los intercambios entre José Lezama Lima, Cintio Vitier, Fina García Marruz y Medardo Vitier (La amistad que se prueba. Santiago de Cuba, 2010); una edición facsímil de la revista de poesía Clavileño (Sevilla, 2010) y el ensayo Orígenes y el paraíso de la eticidad (Santiago de Cuba, 2010). Este ultimo puede ser considerado como el primer volumen de una futura trilogía de la cual el presente trabajo sería el segundo momento. Se ocupa de un problema espinoso en los estudios literarios que es la definición del grupo Orígenes y el lugar de Lezama Lima en ese discurso. Otro tema desarrollado es el papel de la mística teresianosanjuanista en la obra lezamiana y del resto de los poetas creyentes nucleados a su alrededor. Se hurga en los elementos programáticos de carácter religioso o filosófico aparecidos en las revistas lezamianas Verbum, Espuela de Plata y Nadie Parecía. Esas tres publicaciones anteriores son esenciales en la formación intelectual de Lezama Lima.

Amauri Gutiérrez Coto (Ciudad de La Habana, 1974). Poeta y ensayista. Licenciado en Letras por la Universidad de La Habana y Master of Art por New Mexico State University. Actualmente, hace su doctorado en University of Arizona donde es instructor de español. Ha publicado los siguientes ensayos: Acerca de lo negro y la africanía en la lengua literaria de Motivos de Son (Pinar del Río, 2002), Polémica literaria entre Gastón Baquero y Juan Marinello (Sevilla, 2005 y Lexington, 2011) y Orígenes y el paraíso de la eticidad (Santiago de Cuba, 2012) y el poemario Diario de un intruso (Pinar de Río, 2002). También ha realizado las siguientes compilaciones: Verdad y razón y otros ensayos de José Ferrater Mora (Sevilla, 2007), Clavileño, revista literaria (Sevilla, 2010), La amistad que se prueba. Cartas cruzadas: José Lezama Lima, Fina García Marruz, Medardo Vitier y Cintio Vitier (Santiago de Cuba, 2010) y El Padre Las Casas y los cubanos, en coautoría con Ana Cairo (Bayamón –Puerto Rico–, 2007, 2008, 2009 y Ciudad de La Habana, 2011).

La presentación será en el Centro de Arte Moderno (C/Galileo, 52) de Madrid. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Para más información, llamar 914298363 o visite www.centrodeartemoderno.net.

Bailarines que huyeron de Cuba triunfan en Miami

Bailarines cubanos en Miami. (Foto: Carlos Llano.)
Los bailarines cubanos en Miami. (Foto: Carlos Llano.)

“Siete de los nueve bailarines cubanos que abandonaron las filas del Ballet Nacional de Cuba (BNC) durante una gira a Puerto Rico a principios de junio ya actuaron el pasado fin de semana en una gala con el Cuban Classical Ballet of Miami en esa ciudad de Florida. Los jóvenes artistas cubanos han sido acogidos para proseguir con su entrenamiento y vida profesional en el Hispanic Cultural Center de Miami, que dirige el también cubano Pedro Pablo Peña, desde donde continuarán en otras compañías norteamericanas; tres de ellos ya han sido admitidos en el Ballet de Washington para la siguiente temporada, uno irá al Sarasota Ballet; todos han recibido propuestas de trabajo y, por el momento, siguen en Miami, atendidos por familiares y organizaciones del exilio cubano. Ginet Fernández continúa en San Juan y Jaime Reytor se integrará esta semana al grupo desde Phoenix (Arizona).” EL PAÍS, Madrid, 22/6/2014. Leer todo: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/21/actualidad/1403382311_734216.html