ATAQUES A LA PRENSA EN 2009: ESTADOS UNIDOS

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha dado a conocer su informe sobre los ataques sufridos por la prensa en 2009, al cual pertenece el siguiente capítulo, dedicado a Estados Unidos.

  • Las autoridades retienen como prisionero a un periodista iraquí sin acusaciones y sin debido proceso.
  • Obama y el Congreso envían mensajes alentadores sobre libertad de prensa.
  • Durante 10 días funcionarios de Inmigración detuvieron a un reportero de VOA en una disputa por el visado.

El gobierno efectuó alentadoras declaraciones a favor de la libertad de prensa –incluyendo comentarios del Presidente Barack Obama en el Día Mundial de la Libertad de Prensa– pero el ejército estadounidense mantuvo encarcelado a un periodista extranjero sin haber formulado una acusación formal y sin respetar el debido proceso. Las fuerzas de Estados Unidos en Irak mantuvieron prisionero a Ibrahim Jassam, fotoperiodista freelance de Reuters, a pesar de una orden judicial local para que fuese liberado. El ejército aseveró que Jassam significaba una amenaza, pero no reveló evidencia alguna que fundamentara tal afirmación. En septiembre, en el aniversario de la detención de Jassam en 2008, el CPJ exhortó a los militares estadounidenses para que presentaran una acusación o bien liberaran al periodista.

En agosto, las autoridades de inmigración detuvieron por diez días a un periodista paquistaní que se dirigía a las oficinas centrales de Washington de la Voz de América (VOA), un servicio internacional de noticias multimedia financiado por el gobierno de Estados Unidos. Rahman Bunairee, reportero del servicio Deewa de VOA y de una emisora de TV local, había huido de Pakistán luego de que militantes talibanes detonaran artefactos explosivos en el hogar de su familia. VOA había realizado los trámites correspondientes para que el periodista residiera y trabajara en Estados Unidos por el lapso de un año. Pero, una disputa en torno al visado llevó a que funcionarios de Inmigración lo detuvieran en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Bunairee fue liberado luego de que el CPJ y VOA dieran publicidad al caso.

Funcionarios del Pentágono en Virginia cuestionaron a los comandantes de campo en Afganistán acerca de informes que indicaban que fuerzas de Estados Unidos estaban realizando reseñas biográficas y calificando a reporteros. En agosto, Stars and Stripes obtuvo documentos confidenciales que The Rendon Group, un contratista privado, había preparado para comandantes del ejercito en Afganistán. Los documentos evaluaban “el sentimiento que despertaban” varios periodistas sobre la base de un perfil integral de su labor informativa e incluía sugerencias para los comandantes sobre cómo persuadir a los reporteros para que brinden “cobertura informativa más favorable”.

Nueva información arrojó luz sobre dos antiguos casos en Estados Unidos. Un informe de seguimiento criticó a la policía de St. Paul, en el estado de Minnesota, por la forma en la que actuó en las manifestaciones de protesta durante la Convención Nacional Republicana. Una revisión independiente realizada por el ex fiscal Tom Heffelfinger y el ex asistente de la Fiscalía Tom Luger concluyó en enero que más de 40 periodistas habían sido arrestados, incluyendo a dos fotógrafos de The Associated Press y a tres periodistas del programa de televisión y radio nacional “Democracy Now!” (¡Democracia Ya!). El informe, presentado ante el Concejo Municipal de St. Paul, criticaba al departamento de policía por ignorar los pedidos de los medios, anteriores a la convención, de desarrollar un protocolo para el trato con los reporteros que cubren manifestaciones de protesta.

En abril, se dictaron nuevos procesamientos en relación con el asesinato de Chauncey Bailey, editor del periódico Oakland Post, en agosto de 2007. Autoridades del Condado de Alameda, en California,  procesaron en abril a Yusef Bey IV y a Antoine Mackey. Bey era el dueño y Mackey un asociado de la tienda Your Black Muslim Bakery, un negocio local cuyas finanzas investigaba Bailey cuando lo asesinaron. Anteriormente las autoridades solo habían acusado por el asesinato a Devaughndre Broussard, ex operario de la panadería. Los arrestos adicionales vinieron luego de que el Proyecto Chauncey Bailey, formado por un grupo de colegas de Bailey, revelara una serie de irregularidades en la investigación policial de Oakland.

En Washington, algunos legisladores presionaron para que se examinaran las condiciones internacionales de la libertad de prensa, al tiempo que Obama emitió una enérgica declaración en apoyo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. “Es un día en el que celebramos el indispensable papel que desempeñan los periodistas al denunciar los abusos de poder, y en el que lanzamos la alarma ante la creciente cantidad de periodistas silenciados con la muerte o la cárcel por su intento de llevar al público la información diaria”, afirmó Obama en su declaración. Citando la investigación del CPJ sobre los periodistas caídos en cumplimiento de su labor informativa, Obama indicó que “apenas una tercera parte de esas muertes estuvo ligada al peligro de la cobertura de guerras; la mayor parte de las víctimas fueron reporteros locales cubriendo temas como el delito, la corrupción y la seguridad nacional en sus países de origen”. Obama también respondió en noviembre a un cuestionario en Internet de la bloguera cubana Yoani Sánchez. El mandatario le indicó a Sánchez, quien había sido atacada por su blog, que “es revelador que la Internet les haya ofrecido a ti y a otros valientes blogueros cubanos un medio tan libre de expresión, y aplaudo estos esfuerzos colectivos para apoderar (sic) a sus compatriotas para expresarse a través de la tecnología”.

La Ley Daniel Pearl sobre Libertad de Prensa fue sancionada en la Cámara de Representantes y pasó a consideración del Senado. La ley obligaría al Departamento de Estado a informar anualmente al Congreso sobre una amplia gama de abusos a la libertad de prensa y a explicar “qué pasos ha tomado el gobierno de cada uno de estos países para preservar la seguridad e independencia de los medios, y para asegurar el procesamiento de aquellos individuos que atacan o asesinan a periodistas”. El CPJ envió una carta de apoyo a quienes patrocinaron el proyecto de ley en la cámara de representantes, los representantes Adam Schiff y Mike Pence, e instó al Senado a que sancione la ley.

La Ley de Libre Circulación sobre la Información, que ayudaría a los periodistas que fueran citados por la justicia a proteger sus fuentes confidenciales, seguía en trámite legislativo en el Congreso. La legislación sorteó un obstáculo clave en diciembre cuando la Comisión de Justicia del Senado aprobó un proyecto de ley y lo envió al pleno de la cámara para su votación. La Cámara de Representantes había aprobado antes su propia versión. El CPJ se hallaba entre las numerosas organizaciones de prensa y de libertad de prensa que apoyaron la ley. Un proyecto de ley que estudia el papel que juegan las empresas en la censura en Internet, conocido como Global Online Feedom Act, convertiría en delito el hecho de que empresas estadounidenses entreguen información de sus clientes a gobiernos “de países que restringen la Web”, seguía pendiente en la Cámara de Representantes hacia fines de año.

El CPJ continuó como miembro de la iniciativa conocida como Global Initiative Network, fundada en 2008 por un grupo de empresas de Internet, académicos, inversores y grupos defensores de derechos humanos. La iniciativa estableció pautas voluntarias para empresas de Internet y de telecomunicaciones para proteger la libertad de expresión y la privacidad. Yahoo, Google y Microsoft se unieron a la iniciativa y acordaron seguir sus directivas cuando gobiernos restrictivos buscan incluirlos en actos de censura o vigilancia que violan las normas internacionales de derechos humanos. La campaña del CPJ en todo el mundo fue reconocida en octubre cuando recibió el Premio Thomas J. Dodd de Justicia Internacional y Derechos Humanos. El premio fue otorgado por “su esfuerzo significativo en hacer avanzar la causa de la justicia internacional y los derechos humanos globales”.

Autoridades estatales, del condado y municipales dentro de Estados Unidos tomaron acciones contra varios periodistas durante el año. Diane Bukowski, reportera independiente de The Michigan Citizen, fue sentenciada en junio a un año de libertad condicional, a 200 horas de trabajo comunitario y a 4.200 dólares en multas luego de ser condenada por los delitos de resistirse, obstruir, oponerse y poner en peligro a dos policías estatales de Michigan en la escena de un crimen. Bukowski fue arrestada en noviembre de 2008, mientras cubría las secuelas de una persecución policial que finalizó con víctimas fatales. Muchos de los informes de Bukowski para el Citizen, un semanario enfocado en la comunidad afroamericana, habían sido críticos del departamento de Policía de Detroit y del fiscal del Condado de Wayne. Ambas oficinas habían seguido la causa penal en su contra. Un policía estatal de Michigan reconoció en la corte que le confiscó la cámara durante el arresto y borró dos imágenes digitales.

Un legislador del estado de Nueva York enfrentó un juicio por acusaciones de haber atacado a un fotógrafo que intentaba sacarle una fotografía en mayo. El Senador estatal Kevin Parker salía de su automóvil cerca del hogar de sus padres en Brooklyn cuando el fotógrafo del New York Post William C. Lopez tomó su fotografía desde la calle, según informes de prensa. El Post posteriormente publicó una nota que decía que Parker, quien había defendido el plan de rescate para las ejecuciones hipotecarias en la legislatura local, no había realizado sus pagos por una hipoteca durante un año. En Albany, el Senador estatal y líder de la mayoría Malcolm Smith inhibió a Parker de sus puestos de liderazgo mientras el proceso penal seguía pendiente de resolución. Parker se confesó inocente en julio.

La policía de Pittsburgh arrestó al menos a dos periodistas que cubrían protestas durante reuniones del Grupo de los 20. Sadie Gurman del Pittsburgh Post Gazette fue detenida durante una noche antes de ser liberada. The Post Gazette la citó a ella diciendo que fue arrestada “mientras intentaba salir del altercado”. Melissa Hill, reportera de Twin Cities Indymedia, una organización de prensa comunitaria con sede en Minneapolis, fue arrestada y detenida durante cinco horas. La periodista afirmó que la policía le había confiscado su disco de video y le había roto su cámara. La acusación contra Gurman fue desestimada, según la agencia AP. Hill fue hallada culpable de alterar el orden público y fue multada con 300 dólares, según al anuncio de su blog en Twin Cities Indymedia.

En octubre, las autoridades federales acusaron a dos hombres de Chicago de conspirar para atacar al  Jyllands-Posten, el periódico danés que publicó una serie de caricaturas que mostraban al Profeta Mahoma, según revelaron informes de prensa. Las caricaturas, publicadas por primera vez en septiembre de 2005, encendieron protestas públicas en numerosos países luego de que fueran reproducidas en otras publicaciones. Las autoridades explicaron que la conspiración se hallaba en sus etapas preliminares.

ATAQUES A LA PRENSA EN 2009: HONDURAS

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha dado a conocer su informe sobre los ataques sufridos por la prensa en 2009, al cual pertenece el siguiente capítulo, dedicado a Honduras.

  • El golpe de estado daña la libertad de prensa; revela la división partidaria de los medios.
  • Partidarios de ambos sectores del conflicto perpetran ataques contra la prensa.
  • 22 días Radio Globo y Canal 36 dejaron de transmitir debido a la censura del gobierno.

El golpe de estado(*) de junio que derrocó al Presidente Manuel Zelaya, junto con el severo conflicto que siguió, afectó la libertad de prensa en Honduras y amplió las divisiones partidarias en los medios. El gobierno interino arremetió contra la cobertura informativa y soportó una intensa presión internacional hasta que la elección de noviembre llevó a Porfirio “Pepe” Lobo, un empresario conservador, a la presidencia. Mientras Lobo prometió reconciliación, Zelaya describió la votación como viciada.

La elección dividió a la comunidad regional e internacional. Estados Unidos, que inicialmente buscó revertir el golpe, finalmente respaldó la votación como creíble, al igual que otros países. Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, defendió enérgicamente a Zelaya, se negó a reconocer la elección, uniéndose a otros países como Brasil y Argentina que cuestionaron la legitimidad de la votación. Observadores electorales internacionales se negaron a monitorear los comicios, señaló The Washington Post, debido al conflicto político e irregularidades como el silenciamiento de los medios a favor de Zelaya(**).

La crisis política comenzó el 28 de junio cuando Zelaya –quien intentaba aprobar una polémica propuesta para eliminar los límites al mandato presidencial– fue arrestado por el ejército y colocado en un avión con destino a Costa Rica. Cuando Micheletti, un veterano líder del Congreso, juró como presidente interino, las fuerzas de seguridad cerraron emisoras locales, bloquearon la transmisión de cadenas internacionales y detuvieron a reporteros por un breve lapso, según la investigación del CPJ.

Un día después del golpe, militares armados arrestaron a cinco corresponsales y a dos trabajadores que los asistían dentro de su hotel en la capital, Tegucigalpa. Adriana Sívori, reportera de la cadena Telesur, que pertenece en parte al estado venezolano, su productora María José Díaz y su camarógrafo Larry Sánchez fueron detenidos, junto con Nicolás García y Esteban Felix, video-periodista y fotógrafo que trabajaban para The Associated Press, y sus dos asistentes no identificados. Todos ellos fueron liberados poco después, según entrevistas del CPJ. Las transmisiones en televisión por cable fueron bloqueadas de modo intermitente durante las 48 horas posteriores al golpe, interrumpiendo la cobertura de CNN y Telesur. Al usar fuerzas de seguridad para restringir la cobertura noticiosa inmediatamente después del golpe, el gobierno de facto creó un vacío informativo que impidió a muchos hondureños saber qué ocurría en su propio país.

Las condiciones de libertad de prensa sufrieron más embates cuando partidarios de ambos sectores atacaron a los medios. El gobierno interino apuntó contra los medios a favor de Zelaya: la emisora privada Radio Globo y el Canal 36 de televisión, ambas críticos del gobierno de facto, fueron forzados a salir del aire varias veces. La interrupción más prolongada comenzó el 28 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad allanaron sus oficinas y confiscaron equipos. Los dos medios fueron sacados del aire según disposiciones de un decreto gubernamental anunciado ese mismo día. El decreto, que suspendió las libertades civiles garantizadas en la constitución, apuntó a desactivar la concurrencia masiva de partidarios de Zelaya para una concentración planeada ese día en Tegucigalpa, pero también se usó para justificar los allanamientos a los medios. El Artículo 4 del decreto autorizaba a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a suspender a cualquier medio que “atente contra la paz y el orden público”, o que emitan publicaciones que “ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra la ley”. Ambos medios retomaron sus transmisiones a partir del 20 de octubre.

Los periodistas que trabajaban para los medios tradicionales, en su mayoría alineados con el gobierno interino, también denunciaron acoso y ataques. En agosto, atacantes no identificados arrojaron con violencia al menos tres explosivos de fabricación casera contra las oficinas de El Heraldo, un matutino nacional de Tegucigalpa considerado partidario de Micheletti, según informes de prensa. Los explosivos estallaron cerca de la entrada principal del periódico y causaron sólo daños menores sin registrarse heridos. Rosángela Soto, reportera y conductora de Televicentro, un grupo de medios partidario de Micheletti, indicó al CPJ que sus colegas habían sido golpeados y amenazados por partidarios de Zelaya, que les impidieron cubrir manifestaciones en apoyo al presidente depuesto. El 4 de  noviembre, asaltantes arrojaron explosivos contra las oficinas de Radio HRN en Tegucigalpa, una emisora considerada partidaria del gobierno interino. Dos empleados de HRN resultaron heridos.

Reporteros y defensores de la libertad de prensa hondureños indicaron que durante el tenso enfrentamiento político la mayoría de las televisoras cubrieron protestas a favor de Micheletti, mientras ignoraban otras en apoyo a Zelaya. La información en las radios, excepto unas pocas emisoras partidarias de Zelaya, fue más equilibrada, pero aún así se inclinó a favor del gobierno interino.

Arturo Wallace Salinas, quien cubre América Central para la BBC, dijo al CPJ que el desempeño de los medios hondureños “se asemejó a lo sucedido en Venezuela [en 2002], ignorando los hechos o solamente transmitiendo las opiniones de los nuevos funcionarios”. Cuando en Venezuela, Chávez fue depuesto por un breve lapso en 2002, conocidas emisoras fueron ampliamente acusadas de sesgar la información a favor de los líderes del golpe (Chávez también los acusó de tramar el golpe, una afirmación que negaron).

Alexis Quiroz, director ejecutivo del Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), un grupo hondureño de libertad de prensa, explicó que la cobertura sesgada quedó en evidencia durante el primer e infructuoso intento de Zelaya por regresar a Honduras. Luego de que el ejército hondureño bloqueara la pista de aterrizaje del aeropuerto para impedir la llegada del vuelo de Zelaya, soldados abrieron fuego contra seguidores del presidente depuesto, dejando al menos dos muertos y decenas de heridos. La mayoría de las televisoras, afirmó Quiroz, ignoraron la noticia y transmitieron, en cambio, un evento oficial del gobierno interino.

En agosto, Zelaya acusó a varios propietarios de medios de planear el golpe. Nombró a dos ex presidentes –Carlos Roberto Flores Facussé, dueño del matutino La Tribuna, y Ricardo Maduro, director en la emisora Radio Cadena Voces–  junto con José Rafael Ferrari, dueño de los grupos Televicentro y Emisoras Unidas, y Jorge Canahuati Llarach, director de los matutinos El Heraldo y La Prensa. Sin embargo, Zelaya no brindó evidencia de ninguna participación directa en la toma del poder.

Las tensiones siguieron en aumento luego de que de Zelaya regresara en secreto desde el exilio el 21 de septiembre y buscara refugio en la Embajada de Brasil. El regreso de Zelaya creó una situación de tenso nerviosismo cuando reclamó volver a la presidencia y Micheletti amenazó con arrestarlo si ponía un pie fuera de la embajada. Luego de intensas negociaciones internacionales, el gobierno interino acordó permitirle a Zelaya regresar a su cargo después de la elección de noviembre de modo que pudiese cumplir los dos meses restantes de su mandato. Según el acuerdo, el voto presidencial sería reconocido por ambas partes, y ni Zelaya ni Micheletti serían candidatos. Pero el acuerdo pronto se desmoronó: Zelaya instó a sus seguidores a que boicoteen la elección, y posteriormente adujo que hubo fraude en la votación. El Congreso, a su vez, votó en diciembre por bloquear la restitución de Zelaya.

La disputa política se vio reflejada en la publicidad en los medios locales. Como parte de una campaña que intentaba dañar la reputación de Zelaya, el gobierno interino produjo una cantidad de avisos televisivos que alegaban que el presidente depuesto se habría robado millones del Banco Central. Por otra parte, observaron los analistas, Zelaya persuadió a medios aliados como Radio Globo y Canal 36 de que transmitieran sus declaraciones inusuales e infundadas en el sentido de que se había contratado a  comandos israelíes para asesinarlo.

Dos reporteros murieron en circunstancias confusas. Rafael Munguía Ortiz, corresponsal de Radio Cadena Voces, fue abatido a tiros en marzo desde un vehículo en movimiento en la ciudad noroccidental de San Pedro Sula, según relataron informes de prensa. En julio, un atacante no identificado disparó contra el reportero Gabriel Fino Noriega cuando salía de radio Estelar en la ciudad norteña de San Juan Pueblo, la policía indicó al CPJ. No se registraron arrestos en ninguno de los dos casos. El CPJ estaba investigando las muertes para determinar si tuvieron relación con la labor informativa de los periodistas.
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(*) Está satisfactoriamente documentado que lo que en este informe se califica de “golpe de estado” fue una sustitución constitucional provocada por las gravísimas violaciones de la ley cometidas por Zelaya.
(**) Las elecciones de noviembre fueron monitoreadas por observadores internacionales, que las declararon legales. (Notas de MDM.)

MÁS OPOSITORES CUBANOS EN HUELGA DE HAMBRE

De izquierda a derecha: Fariñas, Molinet, González, Díaz Fleitas y Suárez Cruz.

El periodista independiente Guillermo Fariñas y los presos políticos Nelson Molinet, Diosdado González, Eduardo Díaz Fleitas y Fidel Suárez Cruz, condenados en la Primavera Negra por sus críticas a la dictadura castrista, se han declarado en huelga de hambre, siguiendo el ejemplo de su compañero Orlando Zapata Tamayo, encarcelado y finalmente asesinado por la misma dictadura.

Velorio de Orlando Zapata en su casa de Banes. Vecinos le rinden guardia de honor. (Foto tomada de CUBANET.)

CUBA / DE CARCELEROS Y ACADÉMICOS

Buen artículo de Yoani Sánchez, “¿Quién mató a Orlando Zapata?”, publicado hoy en El País. Sólo no convengo con algo que ahí dice ella: “este hombre de 42 años se les ha ido por la única salida que ellos [los carceleros] no pueden controlar: la muerte”. ¿Cómo que los carceleros cubanos no pueden controlar la muerte? Son precisamente los que la dosifican en las cárceles de los Castro, sobre todo a los presos políticos, los más temidos y odiados por el régimen. El caso de Orlando es una demostración de ello, como descarnadamente muestra la propia articulista.

A propósito, la Academia Cubana de la Lengua no asistirá al V Congreso Internacional de la Lengua Española, que tendrá lugar en marzo en Valparaíso (Chile), porque al mismo ha sido invitada Yoani Sánchez, que es filóloga además de bloguera. Los académicos cubanos rehúsan ir porque, según una declaración que han publicado (en la que no citan nombres), suponen que esta invitación es un anuncio de que se quiere politizar el Congreso, y la política no es lo suyo. Ellos, como se sabe, son técnicos del idioma, celadores de la lengua, y punto. La política, toda, se la dejan a los Castro. Yo les recomendaría que no renuncien ya al viajecillo porque a la señora Sánchez lo más probable es que las autoridades cubanas -o sea, los Castro- le nieguen la salida, como ha sucedido cada vez que la ha solicitado últimamente. Por cierto, los doctos miembros de la Academia Cubana, que yo sepa, jamás se han manifestado acerca de esta sistemática violación del Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de que ha sido víctima la ciudadana Yoani Sánchez. Pero, claro, como no son nada más que técnicos puros… Eso sí, han sido resueltos y ágiles a la hora de expulsar de la Academia, por innegables motivos políticos, a algunos miembros de ella. Por ejemplo, a Alejandro González Acosta. Y a mí.

EL PERIODISTA INDEPENDIENTE CUBANO GUILLERMO FARIÑAS, EN HUELGA DE HAMBRE

Estoy seguro de que, después de mi muerte, habrá otros que ocupen mi lugar y el relevo continuará hasta que el gobierno nos escuche.

(CUBANET, Miami, 26 de febrero). Anoche, a las 11:30 PM, luego de haber recibido desde Cuba la noticia de que Guillermo (Coco) Fariñas se había declarado en huelga de hambre y sed, CubaNet conversó telefónicamente con él desde su casa, en Santa Clara.

Fariñas protagonizó en 2006 una prolongada huelga de hambre, que casi lo lleva a la muerte, para reclamar el acceso libre de los cubanos a Internet.

Dijo que había tomado su decisión, el pasado día 24, después de haber sido detenido y golpeado, en Sancti Spíritus, por la policía política, junto a otros tres opositores, cuando se dirigían a Banes, en la parte oriental de la isla, para asistir al funeral de su amigo y hermano de lucha, Orlando Zapata Tamayo. Anunció su decisión ayer, en una reunión con sus compañeros, después de haber llegado a su casa en Santa Clara.

“El lugar de Orlado Zapata Tamayo, un humilde albañil que fue capaz de inmolarse por nuestra patria, no puede quedar vacío. Con mi huelga quiero rendirle homenaje y demostrar que su sacrificio no ha sido en vano, que alguien toma el lugar que él ha dejado al morir. Estoy seguro de que, después de mi muerte, habrá otros que ocupen mi lugar y el relevo continuará hasta que el gobierno nos escuche”, agregó.

Fariñas

“Quiero que la opinión pública mundial y el pueblo de Cuba comprendan que la muerte de Zapata Tamayo no fue un hecho aislado, un error o una casualidad, que Orlando fue asesinado por el gobierno cubano, como quizás harán conmigo. Orlando no pedía mucho, no exigió ni siquiera su libertad, sólo quería que cesaran las golpizas y los maltratos contra él. Fidel y Raúl Castro asaltaron un cuartel, causaron muertes, y fueron amnistiados después de sólo 22 meses de prisión.”, continuó.

“Hay otros hermanos en las cárceles cubanas que están también a punto de fallecer sin la atención médica adecuada y le pido al gobierno que los liberé incondicionalmente, sin desterrarlos. Pido que cese la violencia gubernamental contra nuestro pueblo, contra los blogueros y periodistas independientes. Lejos de moderarse, el gobierno se vuelve cada vez más violento y represivo.

“Tengo entendido que Raúl Castro ha dicho a la prensa extranjera que lamenta la muerte de Zapata, eso es un acto de hipocresía porque fue él quien lo asesinó; si hubieran escuchado sus reclamos o, al menos, le hubieran brindado a tiempo la atención médica necesaria, no hubiera muerto”.

Fariñas confirmó que los  presos políticos Diosdado González Marrero, Roberto Fleitas Rodríguez y Fidel Suárez Cruz se han declarado en huelga de hambre en el día de ayer, después de recibir la noticia de la muerte de Zapata Tamayo.

Fariñas dijo a CubaNet que está escribiendo una carta dirigida al General Raúl Castro, que debe tener lista hoy.

La conversación terminó cerca de la media noche. Se le escuchaba tranquilo, firme y reiteró estar completamente decidido a llevar su huelga hasta las últimas consecuencias. Dijo que quizás el domingo su salud ya no le permita hablar.

ATAQUES A LA PRENSA EN 2009: COLOMBIA

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha dado a conocer su informe sobre los ataques sufridos por la prensa en 2009, al cual pertenece el siguiente capítulo, dedicado a Colombia.

  • Periodistas locales enfrentan amenazas de todos los actores del conflicto armado.
  • Condenas obtenidas en el asesinato de un periodista; progreso en otros casos.
  • 2003: Año en el cual la agencia nacional de inteligencia comenzó a espiar a periodistas y a otros críticos.

La tensa relación entre el gobierno y la prensa independiente de Bogotá empeoró luego de que los medios de prensa revelaran que la agencia nacional de inteligencia espiaba a sectores críticos, incluyendo a periodistas. La prensa siguió atrapada en medio del conflicto armado, en tanto algunos funcionarios formularon fuertes acusaciones y grupos paramilitares de extrema derecha y guerrilleros de izquierda aterrorizaron a los periodistas del interior del país. En un importante paso en la lucha contra la impunidad, un tribunal condenó a los autores intelectuales del asesinato de un periodista en 2003. Si bien la investigación del CPJ ha mostrado una reducción gradual en el número de periodistas caídos por su labor en los últimos cinco años, un reportero cayó en represalia por su tarea informativa en 2009.

Semana, la revista de noticias líder conocida por investigaciones que sacudieron al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, publicó en febrero una nota sobre un plan de espionaje orquestado por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio nacional de inteligencia. La revista informó que existían funcionarios que espiaban a periodistas críticos, a miembros de la oposición, a jueces de la Corte Suprema, a funcionarios gubernamentales y a grupos internacionales de derechos humanos. Miles de mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas fueron interceptadas y la información habría sido luego pasada a grupos criminales, informó Semana. Los periodistas más conocidos del país figuraban entre aquellos que estaban siendo monitoreados.

Uribe negó su participación y responsabilizó por el espionaje a mafias dentro del servicio de inteligencia. La Fiscalía General ordenó un allanamiento inmediato de la sede central del DAS y una investigación de las acusaciones. Los investigadores determinaron más tarde que el plan se había extendido entre 2003 y bien avanzado 2009, conforme a informes de prensa. El matutino de Miami El Nuevo Herald informó en junio que, entre otras cosas, el DAS monitoreaba los mensajes de correo electrónico y las conversaciones telefónicas entre periodistas colombianos y grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo el CPJ.

En septiembre, luego del arresto de 10 funcionarios de alto rango del DAS, el gobierno de Uribe presentó un proyecto de ley ante el Congreso para crear una organización de inteligencia más pequeña con funciones más limitadas. El DAS, que está bajo la supervisión directa del presidente, se había visto asediado por escándalos durante los dos mandatos de Uribe.

Entre los detenidos por el escándalo de espionaje figuró el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, según informes de prensa. Semana informó que el ex funcionario del DAS también mantenía vinculaciones con el líder paramilitar Carlos Castaño y estaba siendo investigado en relación con el asesinato del periodista Jaime Garzón. Conductor de noticias de Caracol y columnista del semanario Cambio, Garzón fue baleado de muerte a cuatro cuadras de su oficina en 1999. Al año siguiente, las autoridades acusaron y condenaron al líder paramilitar Castaño en ausencia. (Se cree que Castaño, quien desapareciera a principios de la década, está muerto.) En 2009, con la Ley de Justicia y Paz, un combatiente paramilitar desmovilizado indicó que Narváez había ordenado el asesinato y había instado a Castaño para que lo ejecutara, según informó Semana. Bajo la Ley de Justicia y Paz, miembros de grupos armados ilegales reciben concesiones judiciales generosas a cambio de su desmovilización y de las confesiones completas de sus crímenes. Narváez no fue acusado de inmediato en el caso Garzón. La Ley de Justicia y Paz ha sido criticada por provocar acusaciones falsas.

Hollman Morris, reportero conocido por su cobertura crítica del conflicto armado, fue blanco de los ataques del gobierno luego de que viajara al sudoeste de Colombia para entrevistarse con combatientes guerrilleros para un documental sobre secuestros. El 1 de febrero, Morris relató que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo instaron a que entrevistara a tres oficiales de la policía y a un soldado que estaban retenidos como rehenes. El periodista relató al CPJ que una vez que dio cuenta de que las respuestas de los rehenes habían sido obtenidas por coerción, solamente les preguntó sus nombres y la cantidad de tiempo que llevaban en cautiverio. Ese mismo día, las FARC liberaron a los cuatro rehenes ante una misión humanitaria liderada por la Cruz Roja Internacional.

Cuando se informó sobre la reunión de Morris con los rehenes, el gobierno reaccionó de un modo enérgico, veloz y agresivo. El Vicepresidente Francisco Santos Calderón indicó que Morris había actuado sin “objetividad ni imparcialidad”. Luego, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos afirmó que era “afín a las FARC”. Y Uribe acusó al periodista de ser un “cómplice del terrorismo”.

Morris relató al CPJ que las acusaciones desencadenaron una serie de amenazas vía correo electrónico. El 5 de febrero, el CPJ y Human Rights Watch le enviaron una carta a Uribe objetando las tendenciosas aseveraciones e instando al presidente a poner fin a los comentarios vinculando a periodistas con cualquiera de los actores del conflicto armado. La investigación del CPJ mostró que estas declaraciones públicas han puesto en peligro a los periodistas. El gobierno ha recurrido con frecuencia a similares acusaciones politizadas, según afirmó la organización Human Rights First de Nueva York en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizada en marzo. Los fiscales colombianos, afirmó el grupo, han iniciado una cantidad de investigaciones penales “engañosas” e infundadas en contra de colombianos, incluyendo a periodistas y activistas por los derechos humanos.

Los periodistas que trabajaban en las provincias enfrentaron hostigamiento proveniente de todos los actores en el conflicto armado que lleva ya cinco décadas. En febrero, los cuatro rehenes liberados por las FARC ante la misión humanitaria expresaron que las guerrillas habían declarado a los periodistas locales “blancos militares”. En marzo, dos supuestos miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le disparó a Gustavo Adolfo Valencia Ayala dentro de su hogar en la ciudad oriental de Popayán. Valencia, director de la emisora nacional de radio Todelar, sufrió una herida en su pierna. En abril, seis atacantes no identificados mantuvieron a Gustavo Álvarez Gardeazábal amenazado a punta de pistola en su hogar en la ciudad occidental de Tuluá. Los atacantes saquearon la casa del periodista, conductor del programa político “La Luciérnaga” en Radio Caracol, pero no le hicieron daño. Una cámara de seguridad registró a los asaltantes cuando huían y los investigadores identificaron el camión que conducían como un vehículo militar. El ejército negó su participación y Uribe ofreció 20 millones de pesos (10,000 dólares estadounidenses) a quien brindara información sobre el caso.

Un periodista cayó en cumplimiento de su labor informativa. José Everardo Aguilar, de 72 años, corresponsal de Radio Súper en la ciudad de Patía, al sur del país, y conductor del programa de noticias de la emisora radial comunitaria Bolívar Estéreo, fue abatido a tiros afuera de su domicilio en el mes de abril. Sus colegas afirmaron al CPJ que Aguilar había denunciado vinculaciones entre políticos locales y paramilitares. Una persona fue acusada del crimen, pero un tribunal local lo absolvió en noviembre. Según la Policía Nacional, el crimen fue en represalia por la tarea informativa de Aguilar.

Dos periodistas fueron asesinados en circunstancias poco claras. El cuerpo acribillado a balazos de Diego Jesús Rojas Velásquez, reportero y camarógrafo de Supía TV, fue hallado en septiembre en una autopista en la ciudad central de Supía. En diciembre, Hárold Humberto Rivas Quevedo, conductor de un programa de comentarios políticos transmitido por CNC Bugavisión, murió víctima de los disparos que recibió cuando salía de los estudios de la televisora en la ciudad occidental de Buga. El CPJ continúa investigando si los asesinatos tuvieron relación con el trabajo de los periodistas.

Las autoridades informaron sobre un avance en un caso de asesinato que llevaba ya ocho años. Dos ex combatientes paramilitares confesaron, amparados por la Ley de Justicia y Paz, el asesinato de Flavio Iván Bedoya, corresponsal regional del periódico Voz de Bogotá, del partido comunista, en 2001. Bedoya, acribillado a balazos cuando se bajaba de un autobús en la ciudad portuaria de Tumaco, al sudoeste del país, había publicado informes críticos sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad locales y grupos paramilitares en el departamento de Nariño. De acuerdo con un informe de abril difundido por la Fundación para la Libertad de Prensa, bajo el amparo de esta ley ya hubo combatientes paramilitares que confesaron su participación en otros siete asesinatos de periodistas.

En un caso que marcó un hito en la lucha contra la impunidad, un tribunal en el departamento norteño de Santander condenó a tres ex funcionarios públicos por haber conspirado para asesinar al comentarista de radio José Emeterio Rivas en 2003. El testigo clave de la fiscalía fue el combatiente paramilitar desmovilizado Pablo Emilio Quintero Dodino, quien confesó durante una audiencia motivada por la Ley de Justicia y Paz. El ex Alcalde de Barrancabermeja Julio César Ardila Torres fue sentenciado a 28 años de prisión, mientras que los ex funcionarios de obras públicas Abelardo Rueda y Fabio Pajón Lizcano recibieron cada uno condenas de 26 años y ocho meses de prisión. Rivas, de 44 años, comentarista de la emisora local Radio Calor Estéreo fue asesinado en represalia por sus informes sobre la corrupción local y las vinculaciones entre el gobierno de Ardila y los grupos paramilitares, comentó la Fiscalía General.