CUBA POR DENTRO

TORTURADORES

(CUBANET, La Habana, 26/3/2013, Lilianne Ruiz.) La huelga de hambre que desde el pasado 6 de marzo está realizando el periodista independiente Calixto R. Martínez, en una celda de castigo de la prisión Combinado del Este, ha recibido el apoyo y la solidaridad de varios movimientos de defensa de los derechos humanos dentro de Cuba. Algunas de estas acciones, para exigir al gobierno la libertad inmediata e incondicional de Calixto R. Martínez –declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional–, han recibido como respuesta gubernamental un incremento de la represión.

“Son las propias autoridades dentro de Cuba las que ejercen una metodología de la violencia, contra opositores políticos, activistas de derechos humanos, comunicadores independientes, y contra las mismas personas que protestan contra la violencia”, expresó la presidenta del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Sara Marta Fonseca, quien originalmente convocó desde el día 20 de marzo a una campaña nacional “Por la Liberación de Calixto”.

A esta acción se sumó el Frente de Línea Dura y Boicot Orlando Zapata Tamayo  (la expresión “línea dura y boicot” del citado movimiento se refiere únicamente a la actitud de sus miembros para resistir frente al aparato represivo, perseverando en acciones de protesta no violenta), con una vigilia desde el día 21 de marzo. El organizador de dicho Frente, Hugo Damián Prieto Blanco, declaró: “Esta actividad dejó un saldo de 15 opositores detenidos entre el 21 y el 22 de marzo. Algunos fueron conducidos en carros patrulleros y dejados en puntos distantes; de otros no se conoce el paradero, pero asumimos que se encuentran ahora detenidos en alguna estación de policía.”

Hugo Damián también relató: “Alejandro Montes de Oca, que es miembro de nuestro Frente, fue detenido cuando intentaba llegar hasta la sede. Esposado por detrás, fue llevado a un monte en las afueras del Parque Lenin. Allí los agentes conocidos como El Gordo Hinojosa y Ernesto le dieron piñazos y patadas por el pecho, brazos y muslos. Luego le sacaron una pistola para hacerle firmar un papel donde dice que se comprometía a no asistir más a “actividades contrarrevolucionarias” del Frente. “Ese papel me lo mostró la Seguridad del Estado, pero lo que realmente ocurrió me lo contó el propio Alejandro, que me llamó por teléfono en cuanto lo soltaron”. Continúa Hugo: “El 23 de marzo continuó el operativo comandado por el teniente coronel Camilo, alrededor de nuestra sede. Entre 14 oficiales apresaron a Raúl Borges –de la Agenda para la Transición Cubana– cuando pretendía acercarse trayéndonos café y alimentos. Mientras estaban deteniendo a Borges, yo le tiré fotos a Camilo y a Volodia –connotados agentes del régimen implicados en acciones violentas contra la disidencia– y Camilo me amenazó gritándome: “Hugo Damián, te voy a pasar por arriba por hacerme fotos. Te voy a volver a encapuchar”.

Hugo Damián refirió también haber sido encapuchado –durante una detención ocurrida el 4 de noviembre del pasado año 2012– desde la autopista del Puente de La Lisa hasta la Estación de Santiago de las Vegas, con intención de hacerle padecer asfixia. “En esa oportunidad –expresó Hugo Damián– me fue rastrillada una pistola, mientras se decían entre Camilo y otro oficial: –Aquí no, que se ensucia el carro. Lo vamos a matar y enterrar en Playa Manteca” .

La violencia policial constituye en la actualidad la forma de mantener el control gubernamental. Cuando las autoridades en un país son las responsables de la violencia, las personas afectadas por ella no pueden encontrar amparo en el sistema. Todo lo contrario: con frecuencia, los responsables de actos lesivos contra la humanidad son premiados entre bastidores por el propio sistema. Un ciudadano cubano que inicie una demanda por el uso excesivo de la fuerza no obtendrá una respuesta que actúe como mecanismo de protección contra la violencia. La ideología oficial la justifica.

Los hechos narrados por víctimas de la represión contrastan con la imagen de corrección y decencia que el régimen de Raúl Castro pretende dar a través de sus voceros oficiales. La limitación del derecho a difundir información únicamente sirve para mantener el clima de impunidad que rodea a los agentes de la policía política cubana. Para luchar contra la impunidad, es necesario identificar a los agentes implicados. Pero no existe un tribunal en Cuba donde presentar denuncias y llevar a cabo procesos contra oficiales que han cometido abusos y torturas en centros penitenciales, ni en contra de los agentes de la Seguridad del Estado que operan en las calles de Cuba.

Presentar como una “injerencia en los asuntos internos de la Isla” cualquier expresión de solidaridad foránea que abogue por el reconocimiento de los derechos del pueblo cubano, es la excusa que esgrime el régimen cubano en los foros internacionales sobre derechos humanos, para mantener el despotismo de su sistema represivo.

El sistema político cubano solo ha podido sobrevivir en una sociedad cerrada que soporta un poder monolítico, apuntalado con una serie de excusas ideológicas, donde la simulación de paranoia por parte del Estado cierra la posibilidad al diálogo y pretende justificar la represión interna.

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