OPINIÓN AJENA

[…] En lugar de esforzarse en mejorar la oferta judicial —que es una opción difícil en las actuales circunstancias de recortes presupuestarios, pero a la que no puede dar de lado el responsable público de la justicia—, el ministro Ruiz-Gallardón ha elegido restringir la demanda. Es la solución más fácil, pero no es la más justa. La creación de nuevas tasas judiciales y el aumento hasta en un cien por cien de las ya existentes crean una barrera económica difícilmente franqueable para muchos ciudadanos que quedarán marginados del ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la tutela judicial efectiva.

Podría interpretarse que el Gobierno sigue también aquí el sendero de privatización de aspectos esenciales del Estado, pues si bien la función jurisdiccional es y seguirá siendo, como no puede ser de otro modo, una actividad exclusiva del Estado, recurrir a su amparo por parte de los ciudadanos quedará condicionada por su capacidad económica. Pero la finalidad es ante todo disuasoria: poner coto a la excesiva litigiosidad, aunque a costa de dejar fuera del circuito judicial a los litigantes menos favorecidos. El Gobierno prevé ingresar unos 300 millones de euros con las nuevas tasas. […]

Editorial: “El precio de la justicia”. EL PAÍS, España, 23/11/2012

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