OPINIÓN AJENA

[…] ¿Encuentros espontáneos o institucionalmente alentados entre víctimas y criminales, o entre las víctimas de diversos tipos de criminalidad? Si pueden ayudar en sus cuitas a personas que sufren o aliviar alguna conciencia atribulada, adelante con ellos. Pero lo inaceptable es la privatización de las culpas (muy a la moda de esta época tan privatizadora y enemiga del espíritu público), como si los delitos cometidos fuesen agravios o malentendidos interpersonales, casi íntimos. Estamos hablando de transgresiones graves de las leyes en que se funda el Estado de derecho, motivadas ideológicamente por el deseo de agredir a las instituciones democráticas y por tanto de atentados contra la paz social, no solamente de ofensas individuales. Ha habido víctimas de carne y sangre, con nombres y apellidos, pero junto a cada una de esas víctimas de primer grado fuimos también víctimas todos los españoles demócratas, porque quienes mataban pretendían hostigarnos, atemorizarnos y subyugarnos.

Por eso la ceremonia privatizadora del perdón de la víctima al criminal tiene tanto de dudosa. Primero, porque como muy bien ha señalado Consuelo Ordóñez, gran parte de las víctimas de primer grado están muertas y nadie puede absolver en su nombre: lo malo de asesinar al prójimo es que se elimina también a quien mañana podría aligerarnos la conciencia. En segundo lugar, porque en un Estado de derecho los individuos no pueden tomarse la venganza por su mano pero tampoco, correlativamente, exonerar a los delincuentes. O leyes o ajustes de cuentas (y cancelación de deudas) privadas, ambas cosas no pueden conciliarse en estas cuestiones. No basta el reconocimiento del daño causado, que es algo que suena a chiste: es evidente que la acción terrorista causa daño, precisamente por eso fue llevada a cabo y no por descuido… […]

Fernando Savater: “¡Y lo llaman venganza!”. EL PAÍS, España, 28/6/2012.

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