MUERTE DE ORLANDO ZAPATA: DECLARACIÓN DE SEBASTIÁN PIÑERA, PRESIDENTE ELECTO DE CHILE

Declaración Oficial.
Presidente electo de la República de Chile.

El Presidente electo de la República de Chile, Sebastián Piñera, desea expresar sus más sinceras condolencias a la familia del ciudadano cubano y defensor de derechos humanos Orlando Zapata Tamayo, así como su enérgica condena a las circunstancias bajo las cuales ocurrió su fallecimiento.

Zapata Tamayo entregó su vida en defensa de la democracia y la libertad en Cuba, dejando un testimonio que no puede sino recibir la solidaridad y reconocimiento de la comunidad internacional. En este sentido, el Presidente electo se une a las voces que reclaman la inmediata liberación de los más de 200 prisioneros políticos que aún se encuentran encarcelados en Cuba y el fin a toda forma de opresión política en la isla.

Asimismo, el Presidente electo desea reiterar su llamado a que las autoridades cubanas inicien, en el menor tiempo posible, un proceso que permita a Cuba transitar pacíficamente a la democracia, restablecer el estado de derecho y garantizar la protección de los derechos humanos y libertades individuales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos a todos sus ciudadanos.

Finalmente, el Presidente electo expresa su solidaridad con quienes luchan por la causa de los derechos humanos en Cuba, en el continente y en el mundo y reitera que ello será un aspecto prioritario de la política exterior de su futuro gobierno.

Santiago, 25 de febrero de 2010.

MUERTE DE ORLANDO ZAPATA: ESTUDIANTES VENEZOLANOS CONDENAN AL RÉGIMEN CASTRISTA

(CUBANET). La Comisión de Derechos Humanos de la Federacion de Estudiantes de Derecho de Venezuela (CDHFEDEVE), condenó este miércoles, a través de un comunicado, la actitud totalitaria y contraria a la noción de justicia del Estado cubano, al haber permitido la muerte del luchador Orlando Zapata Tamayo de 42 años de edad, quien estuvo durante más de 80 días en huelga de hambre.

“La CDHFEDEVE lamenta profundamente la muerte de este preso político, defensor de la libertad y de los derechos humanos. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares”, dice la nota.

La comisión reiteró su condena al Estado cubano por permitir que “por segunda vez en la historia, muera una persona por huelga de hambre. Repudiamos los crímenes y la represión que emplea ese régimen dictatorial contra sus ciudadanos, haciendo a un lado toda noción de dignidad humana y justicia, imponiendo los caprichos de un dictador por encima del bien común”.

“Rechazamos las estrechas relaciones del Presidente Chávez con el gobierno Cubano, pues con tristeza observamos que se intenta copiar en muchos aspectos el modelo de gobierno de Cuba y aplicarlo en Venezuela”, sostienen.

En el comunicado la CDHFEDEVE se solidarizó con los presos políticos, tanto en Venezuela como de Cuba. “Invitamos al pueblo de Venezuela a tomar este ejemplo de lucha y a no descansar en la exigencia de nuestros derechos, pues ello no es favor que le pedimos al Estado, sino algo que por naturaleza nos corresponde”, concluyen.

EL TONO DE UNA ACTIVIDAD POLÍTICA DESLEÍDA

Teódulo López Meléndez, Caracas.

Cuando un país no conoce de tonos de grises ni logra distinguir acentos, modulaciones o entonaciones, puede decirse que está extremadamente radicalizado y que lo único que lo anima es destruir a la otra mitad. Ese es el panorama impuesto por el llamado comandante de la revolución con sus constantes peroratas de odio y su continuo llamado a exterminar a quienes no le siguen. He aquí el origen del drama, uno que es muy difícil de enfrentar con un mínimo de sindéresis.

Es lo que algunos han llamado con esa odiosa palabra “polarización”, una sacada del staff de los sociólogos de nuevo cuño que se dicen especialistas en la resolución de conflictos. Apelan a palabras como diálogo, lo que conllevaría a asegurar de manera terminante que a Venezuela no le queda otra salida que la guerra civil, dado que diálogo no puede haber, cuando el caudillo proclama a los cuatro vientos su imposibilidad bajo el argumento de que “ser rico es malo” o que “la batalla es final” o que “la oligarquía y la oposición de mierda deben ser destruidas”.

En estas condiciones no puede decirse que la política es una posibilidad por hacer, a menos que de alguna manera se busquen los intersticios para vencer la llamarada del odio. Ello no equivale a la inacción de resistencia frente a la dictadura, pues tal comportamiento equivaldría a complicidad, ni a obstinarse sólo en una participación electoral obviando las magras condiciones en que ella se produce. En este contexto manifestarse continuamente dispuesto al diálogo se percibe como una disposición a un entrevero de piernas con un régimen que sólo permite la fidelidad más absoluta.

El ejercicio del poder en Venezuela es uno arbitrario, caprichoso y típicamente de cuartel. El caso de la disidencia del gobernador del estado de Lara a su militancia en el partido de gobierno (PSUV) nos ha mostrado con mayor claridad las aristas de la crisis presente. El presidente llega a Barquisimeto y ordena la expropiación de dos galpones de la empresa “Polar” y el gobernador reacciona como todo hombre apegado a la ley: eso es una zona industrial, así está en el plan de desarrollo urbano de su ciudad, hay ordenanzas específicas y la ley de la materia impide desafectar sólo una parcela pues habría que hacerlo con toda la zona que tiene alrededor de 180 industrias. Si menciono este caso específico es porque posiblemente fue el detonante final de la crisis entre el gobernador disidente y el presidente mandón y arbitrario.

Está claro que lo que el régimen se propone es controlar en su totalidad la producción y distribución de alimentos para tener un control total de la población por vía del estómago, pero la arbitrariedad ordenada a su paso por la ciudad de Barquisimeto equivalía a un “yo soy la ley” o “mi voluntad es el texto constitucional”. Obviando el caso específico, uno donde no se consultó a la autoridad local sino que se le ordenó una medida contraria a Derecho, lo destacable es que el gobernador Henri Falcón llegó al llegadero, como se dice popularmente. En su carta de renuncia al partido expresa la necesidad de un diálogo entre todas las ramas del Poder Ejecutivo, la consulta democrática, el acuerdo como mecanismo para resolver las diferencias. Pero, más allá, proclama que el país requiere concordia, entendimiento, paz, transformación social sin atropello.

La carta, obviamente, no fue entendida por sus ex compañeros de partido, que se lanzaron a endilgarle toda clase de improperios, pero tampoco por una oposición obtusa que se lanzó por el mismo camino. Esta última le reclama al gobernador Falcón su anuncio de mantenerse en el proceso revolucionario o la ratificación de que con el líder el tratamiento es decirle la verdad. No entienden. El gobernador disidente no podía provocar la ruptura. Con la inmensa habilidad política que ha demostrado tener debe haber tenido también muy en claro que el diálogo y la paz que reclamaba iba a ser respondida con una catapulta de odio. De manera que es el dictador y el régimen los que producen la ruptura, no él. Eso le concede un inmenso poder moral sobre un país que no recapacita, es verdad, pero que a la larga puede ser entendido.

Henri Falcón

El otro argumento usado por los obtusos es el de Francisco Arias Cárdenas, un ex comandante compañero de Chávez que se convirtió en candidato presidencial de la oposición, salió derrotado y luego mansamente volvió a las filas del gobierno donde fue “cristianamente” perdonado por el jefe supremo. Ese trauma parece internalizado por una parte de la población. Veamos lo ocurrido: Arias fue honesto en su oposición, cumplió su tarea, perdió y cayó en el más absoluto olvido y en el más doloroso abandono. No tenía piel para aguantar semejante situación, que me imagino incluía una situación económica difícil. En esta situación buscó acercarse a su viejo amigo, que en nombre de esa amistad lo recibió y lo incorporó a su gobierno, siendo hoy Viceministro de Relaciones Exteriores. Sin entrar a calificar la actitud de Arias, lo que importa es mirar hacia quienes padecen lo que ya se conoce como “el trauma Arias Cárdenas”. Parece que los preside una convicción de que todo disidente es un “caballo de Troya”, un traidor enviado por Chávez a infiltrar las puras aguas de la oposición para luego voltearse. No fue el caso de Arias Cárdenas. Es interesante cómo el sector oposicionista obnubilado se coloca en una situación francamente psiquiátrica, una que le impide observar con la debida atención la magnitud del desgajamiento que ha sufrido el partido de gobierno con la renuncia del gobernador Falcón. Una que induce a rechazo porque seguramente es otro insincero enviado a infiltrar cual “caballo de Troya”.

Esa carencia de percepción no los hace ver que el gobernador disidente no puede cumplir con ese papel porque entre los planteamientos más firmes que ha hecho es que no tiene nada que ver con la oposición ni ningún partido de oposición le sirve. Por cierto, uno de los mejores planteamientos de su rueda de prensa. Lo es porque el gobernador disidente es un militante revolucionario que no abjura de sus principios y porque sabe meridianamente que esa oposición está condenada a no tener oportunidad seria de gobernar. Pero más aún: no pueden ver el estupendo planteamiento de fondo del gobernador disidente: reclama un socialismo no sectario, humano, de entendimiento, de desarrollo social y de respeto a la ley y al texto constitucional de 1999. Cuando proclama su apego a la Constitución salida de una Asamblea Constituyente es señalado por los obtusos por supuestamente decir lo mismo que Chávez, olvidando dos cosas: la primera es que Chávez ya proclamó a ese texto como transitorio y que la oposición no hace otra cosa que reclamar el respeto por él. ¿En qué quedamos entonces? He recordado que los funcionarios no son electos solamente para hacer obra, para desarrollar los servicios públicos y atender a los más necesitados, sino también para apegarse al texto legal, para actuar enmarcados por un Estado de Derecho.

Volvamos, porque es vital, a la oferta del disidente gobernador Falcón del estado de Lara. Ha puesto sobre la mesa un socialismo de estos tiempos, una declaración que es equivalente a una condena de las prácticas estalinistas de Chávez, un reclamo directo y contundente contra el personalismo encarnado en el líder que todo lo sabe y todo lo decide sin preguntarle nada a nadie. Ha puesto sobre la mesa un reclamo de justicia social y de mantenimiento de lo que la revolución haya podido lograr en este sentido, pero volviendo a la sindéresis, a la dirección colectiva y dialogante. Este es un extraordinario planteamiento que no ha podido ser visto ni por los fanáticos oficialistas que lo acusan ahora de “financiado por la oligarquía”, de “servir al capital internacional”, de “traidor” y hasta de “conspirador”, ni por la oposición obtusa que lo llama “nuevo Arias Cárdenas”, “ladrón” y “líder con pies de barro”.

¿Podrá ser visto y oído este llamado por la gran cantidad de militancia oficialista ya preocupada por las arbitrariedades de su líder que, para muestra de botón, ya tiene un largo historial en las conferencias internacionales? Al menos en el estado que gobierna el señor Henri Falcón ha tenido eco: diputados a la legislativa local, a la Asamblea Nacional, concejales y militancia lo han acompañado. Es ya el mayor desgajamiento sufrido jamás por el partido de gobierno.

Ahora bien, el señor Falcón ha ido a militar a un partido aliado del gobierno, Patria Para Todos (PPT), en un gesto de su apego al proceso con todas las variantes y diferencias que tiene con él y que hemos resaltado en este texto. El PPT es una disidencia de Causa “R”, fundado por Moleiro, un viejo marxista teórico que inició en Venezuela el planteamiento radical (la “R” viene de radical) y que estuvo a punto de ganar las elecciones (todavía hay gente que dice que las ganó y se las usurparon) con la candidatura presidencial de Andrés Velásquez, un líder sindical del sector metalúrgico. En pocas palabras, una versión del Partido de los Trabajadores de Brasil y un planteamiento muy similar al de Lula Da Silva.

La respuesta del partido del señor Chávez ha sido congelar sus relaciones con el PPT por recibir en su seno al “traidor” gobernador disidente del estalinismo. Antes de usar los calificativos apropiados para semejante actitud, lo que interesa resaltar es que se ha puesto sobre la mesa un verdadero escape a la militancia desencantada oficialista y no hacia una posición retrógrada, sino hacia una oferta de principios y de apego a la legalidad. Ahora bien, ¿cómo alguien que tenga dos dedos de frente no puede darse cuenta de que estamos ante el hecho más importante ocurrido en Venezuela en por lo menos ocho años?

No tengo capacidades adivinatorias para conocer la suerte de este proyecto que ante la ceguera general ha puesto sobre el tapete el gobernador Henri Falcón, pero sí creo estar en la excepción, esto es, creo tener dos dedos de frente por lo menos, de manera que saludo el hecho como una oleada excepcional de viento fresco en esta situación obtusa que describo al inicio de este texto y lo saludo como un hecho de una importancia política excepcional que bien podría romper el presente encasillamiento.

Buena suerte, gobernador Falcón.

ATAQUES A LA PRENSA EN 2009: MÉXICO

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, ha dado a conocer su informe sobre los ataques sufridos por la prensa en 2009, al cual pertenece el siguiente capítulo, dedicado a México.

  • En medio de amenazas y de ataques, la autocensura se vuelve más generalizada.
  • El Congreso dilata el tratamiento de reformas para combatir la violencia contra la prensa.
  • 9 periodistas desaparecidos desde 2005. La mayoría cubría crimen organizado y corrupción.

La profunda influencia del crimen organizado y la incapacidad del gobierno para frenar el aumento de la violencia dejaron a los medios expuestos a los ataques. Solamente en los últimos diez años, según la investigación del CPJ, 32 editores y periodistas fueron asesinados, al menos 11 de ellos en represalia directa por su labor. Otros nueve periodistas han desaparecido desde 2005. La mayoría había cubierto información vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción gubernamental, temas que los reporteros dicen evitar de modo creciente por temor a represalias. Las reformas que impondrían penas especiales para los ataques contra la prensa y darían al gobierno federal amplia autoridad para procesar los delitos contra la libertad de expresión quedaron estancadas en el Congreso.

El crimen organizado continuó su crecimiento de una década en las principales ciudades. Poderosas organizaciones de narcotraficantes, que inicialmente exportaban drogas a Estados Unidos, han extendido su alcance a las ventas callejeras, la extorsión y los secuestros. Grupos rivales en pugna por mercados urbanos asesinaron a miembros de una u otra banda como rutina y sobornaron o asesinaron a policías y funcionarios públicos. No hubo lugar en donde los efectos del crimen organizado fuesen más evidentes que en Ciudad Juárez, una localidad limítrofe con El Paso, Texas. Desde fines de 2007, dos grandes carteles han combatido por conseguir el control de la venta de drogas y otro tipo de tráfico ilegal en la ciudad. Aunque el gobierno federal desplegó 10 mil soldados y policías federales en Ciudad Juárez, el número de asesinatos vinculados al narcotráfico había llegado a casi 2 mil hacia fines de octubre, superando así el índice para todo 2008, según informes oficiales y de prensa. Casi todos los asesinatos quedaron impunes.

Aunque el crimen organizado y el narcotráfico son los problemas más serios en Ciudad Juárez, los periodistas a menudo censuran su labor sobre esos temas esenciales, escribió Mike O´Connor, del CPJ, en un informe especial publicado en junio. “Hemos aprendido la lección: para sobrevivir, publicamos lo menos posible”, dijo Alfredo Quijano, jefe de redacción de Norte de Ciudad Juárez, refiriéndose a la práctica del periódico de autocensurarse. “No investigamos nada. Más aún, la mayor parte de lo que sabemos se queda en la libreta del reportero”. Muchos periodistas indicaron que el asesinato en noviembre de 2008 de Armando Rodríguez Carreón, veterano reportero del crimen, sirvió como advertencia para toda la prensa de Ciudad Juárez. El caso, aún impune hacia fines de año, también ilustró el estado disfuncional de las fuerzas de seguridad. Mientras la procuraduría estatal sostuvo que había dado a las autoridades federales nombres y lugares de varios sospechosos, funcionarios federales señalaron que no tenían pistas ni sospechosos. En julio, el jefe de la investigación federal que trabajaba en el caso cayó abatido por un disparo. Su reemplazante fue asesinado menos de un mes después.

En la región norte y centro de México, los periodistas señalaron otro asesinato para poner en relieve el patrón de violencia e intimidación. El 25 de mayo, unos atacantes secuestraron al reportero del crimen Eliseo Barrón Hernández de su hogar en Torreón, estado de Durango, mientras eran observados por su esposa y sus dos pequeñas hijas, según la prensa y entrevistas del CPJ. Su cuerpo, con un balazo en la cabeza, fue hallado al día siguiente en una zanja de riego. En junio, la Procuraduría General de la República federal señaló que un hombre detenido por el ejército mexicano había confesado el asesinato de Barrón y había implicado a otros, según informes de prensa. El supuesto atacante, quien afirmó pertenecer a la organización criminal Los Zetas, aseguró a sus interrogadores que Barrón había sido asesinado como advertencia para que otros periodistas no informen sobre el grupo. El caso seguía pendiente hacia fines de año. Los Zetas se han convertido en la organización criminal más temida en México, operando en la Costa del Golfo, la Península de Yucatán y también en Guatemala, como así también en el área de Ciudad de México y la región occidental.

Un segundo asesinato en Durango extendió el nivel de preocupación. El 2 de noviembre, Bladimir Antuna García fue hallado asesinado tras haber sido secuestrado de una calle en la ciudad de Durango, según informes de prensa y la investigación del CPJ. Antuna, reportero del matutino El Tiempo de Durango, pareció haber sido estrangulado. El periodista, que había recibido amenazas de muerte, había publicado  en forma reciente una nota sobre la corrupción en el Departamento de Policía de la ciudad de Durango.

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2009 en circunstancias poco claras. El fotógrafo Jean Paul Ibarra Ramírez murió de un disparo en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en enero. El reportero Carlos Ortega Samper fue sacado a la fuerza de su camioneta y abatido a tiros en las montañas del estado de Durango en mayo. En julio, las autoridades encontraron el cuerpo de Juan Daniel Martínez Gil, presentador de radio de Acapulco, golpeado y asfixiado. Norberto Mirando Madrid, quien cubría casos de crimen organizado en el estado de Chihuahua, al norte, fue asesinado a disparos en el interior de su oficina en septiembre. José Galindo Robles, director de Radio Universidad de Guadalajara, fue hallado en noviembre en su hogar, en el estado occidental de Jalisco, víctima de un golpe mortal en la cabeza. Y en diciembre, José Alberto Velázquez López, director de un periódico en el estado de Quintana Roo, al sudoeste del país, fue asesinado cuando se iba de una fiesta de su oficina. El CPJ estaba investigando los asesinatos para determinar si estaban relacionados con la labor de los periodistas.

Dos reporteros que cubrían crimen desaparecieron en los últimos meses del año. José Luis Romero, reportero radial en el estado de Sinaloa, fue secuestrado afuera de un restaurante en diciembre, mientras que María Esther Aguilar Cansimbe, reportera de un periódico de Michoacán, desapareció luego de obtener un dato por teléfono en noviembre. Otros siete reporteros desaparecieron entre 2005 y 2008, según la investigación del CPJ.

La corrupción generalizada ha provocado que el sistema judicial se vuelva tan disfuncional que la mayoría de las muertes de periodistas quedan sin resolver. En los pocos casos en los cuales las autoridades obtuvieron condenas, según la investigación del CPJ, han surgido preguntas sobre la culpabilidad de los acusados. Uno de estos casos, el asesinato en 2007 de Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, fue cerrado oficialmente en marzo cuando se condenó al único acusado a 38 años de prisión. En Acapulco, donde Ramírez era un periodista estrella, sus colegas afirmaron que las autoridades permitieron que los verdaderos asesinos salgan en libertad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que la policía había torturado al acusado y manipulado la evidencia.

La investigación del CPJ muestra que autoridades locales y estatales en México han sido particularmente ineficaces para resolver delitos contra la prensa. En algunos casos, parecen haber sido cómplices. En un informe de 2008, el CPJ examinó la posible participación de policía local y funcionarios públicos en las desapariciones de varios periodistas desde 2005. Al menos cinco reporteros desaparecidos habían investigado vínculos entre funcionarios locales y el crimen organizado en las semanas previas a su desaparición.

El Congreso se movió con lentitud para combatir los delitos contra la prensa. La Cámara de Diputados aprobó en abril una medida que impone penas especiales para los delitos contra “la actividad periodística”. El proyecto de ley impondría penas de hasta cinco años de prisión para cualquiera que “impida, interfiera, limite o ataque la actividad periodística”. Las sentencias podrían ser duplicadas si el atacante fuese un funcionario público. La medida seguía pendiente en el Senado hacia fines de año.

De ser sancionada, la legislación sería un estímulo, aunque preliminar, para combatir la violencia letal contra la prensa, según reveló el análisis del CPJ. La promulgación de las nuevas sanciones, reveló el CPJ, tendría un efecto significativo sólo si fuese acompañada por la adopción de una enmienda constitucional que garantizara a las autoridades federales la jurisdicción para procesar los delitos contra la libre expresión. La enmienda propuesta seguía aún en la Cámara de Diputados hacia fines de año. En un revés para la libertad de prensa, la Cámara de Diputados decidió disolver una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas. La comisión, creada en 2006, había ayudado a mantener los casos de violencia contra la prensa bajo la atención pública.

Reporteros y fotógrafos de varios estados describieron al CPJ las amenazas, golpizas y detenciones arbitrarias perpetradas por policías locales y militares. Mientras algunos presentaron denuncias ante autoridades estatales y federales, otros indicaron que tenían temor de presentar denuncias. En al menos un caso, un reportero provincial, que pidió no ser identificado por temor a represalias, relató al CPJ que había recibido una amenaza de muerte de un alto funcionario de la policía.

Emilio Gutiérrez Soto, un periodista de Chihuahua que huyó a Estados Unidos luego de sufrir hostigamiento, aguardaba una decisión hacia fines de año sobre su solicitud de asilo político. Gutiérrez Soto, corresponsal de El Diario del Noroeste en Nuevo Casas Grandes, escapó de Chihuahua en 2008 luego de que fuese amenazado por personal militar en respuesta a una serie de artículos que denunciaban supuestos abusos a los derechos humanos.

El CPJ documentó cuatro casos en los cuales edificios que albergaban a organizaciones de medios o a sus empleados fueron atacados. En enero, hombres armados arrojaron una granada y dispararon contra las instalaciones de Televisa en Monterrey. (Un vocero de Televisa explicó luego al CPJ que los reporteros que cubren crimen habían estado usando chalecos antibalas durante más de un año). El mes siguiente, un grupo de atacantes disparó contra la casa del director de noticias de El Debate, un matutino de Guasave, en el estado de Sinaloa. El semanario Riodoce, que cubre narcotráfico en Sinaloa, fue víctima de una explosión en septiembre que causó daños estructurales. En cada caso, los editores de mayor jerarquía expresaron que no estaban seguros por qué los habían atacado. No se produjo ningún arresto en ninguno de los casos.

En agosto, el gobierno federal emitió un polémico informe sobre el asesinato de Bradley Will, el documentalista estadounidense. Will fue baleado en noviembre de 2006 mientras filmaba enfrentamientos en Oaxaca entre manifestantes antigubernamentales y seguidores del gobernador Ulises Ruiz. A pesar de la evidencia fotográfica que mostraba que hombres armados del gobierno se hallaban disparando desde cierta distancia contra manifestantes y periodistas –incluyendo a Will– las autoridades concluyeron que los disparos letales habían sido disparados, en cambio, por un manifestante desde cerca.

En octubre de 2008, un juez mexicano dictaminó que había suficiente evidencia para enjuiciar a Juan Manuel Martínez por el asesinato de Will. Martínez seguía en prisión hacia fines de año. Ningún testigo ha ubicado a Martínez en la escena del crimen; no se ha revelado ningún motivo, ni se ha encontrado arma alguna.

El informe del gobierno sobre el caso de Will contradijo lo revelado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por Physicians for Human Rights, una organización independiente con sede en Boston. Ambos organismos concluyeron que las dos balas que habían impactado a Will habían sido disparadas desde una distancia de 130 a 165 pies (40 a 50 metros). El informe del gobierno también contradijo la autopsia, que halló que las heridas en el cuerpo de Will y el daño en su ropa eran compatibles con disparos desde una distancia larga.

YA LO ASESINARON

“Ya asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, ya acabaron con él”, exclamó la madre de Orlando al conocer la noticia de la muerte del joven opositor, fallecido ayer martes en La Habana tras mantener durante 85 días, ante el desprecio inhumano de sus carceleros, una huelga de hambre en protesta por las vejaciones físicas y morales que recibía en la prisión donde se hallaba cumpliendo una draconiana condena de 36 años por exigir, pacíficamente, libertades democráticas al gobierno de su país. El asesinato premeditado de este ciudadano de 42 años de edad, albañil de profesión, cuyo comportamiento no constituye delito en ninguna democracia, descubre por enésima vez la hondura del abismo moral y político en que el régimen castrista ha hundido a la nación cubana.