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LA PRENSA. Honduras
La firma del acuerdo entre Micheletti y Zelaya ha provocado euforia en la ciudadanía hondureña, la gran víctima de la crisis política y económica provocada por la destitución de Zelaya. Una euforia comprensible pero prematura. Según dicho acuerdo, la decisión sobre si el presidente destituido debe retornar o no a la presidencia ha quedado en manos del Congreso Nacional, que iniciará su debate sobre el caso a partir de un informe jurídico –no vinculante– de la Corte Suprema de Justicia.
En el papel todo es muy bonito, pero la realidad es como es, ya se sabe. Por lo pronto, Zelaya no ha tardado en advertir que dará por roto el pacto si no es repuesto. El pacto no estipula su regreso al poder, sino que sea el Congreso (el mismo que lo depuso constitucionalmente) el que decida si regresa o no. Pero Mel tiene la mentalidad de lo que es, un gamonal politiquero, y, como se siente respaldado por sus socios de la ALBA, por su casero Lula y por ese magma indefinible y más bien cenagoso llamado “comunidad internacional”, no será para asombrarse que decida seguir promoviendo la guerra entre hondureños si no lo reponen.
Lo interesante será la reacción de la OEA, la ONU, la UE y Obama, que con tanto optimismo han acogido el pacto de Tegucigalpa, si el manengue del sombrero cumple su amenaza de darle la patada a la mesa en el encomiable caso de que el Legislativo se reitere en su fidelidad a la Constitución, que sería lo políticamente saludable para toda América Latina y en primer lugar para Honduras.
