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Esta pregunta me la he hecho después de leer los artículos en que se reprueba el Manifiesto por la Lengua Común. Hace unos días, Carlos Castilla del Pino, psiquiatra y miembro de la Real Academia Española, declaró a Europa Press: “Es asombrosa la cantidad de gente que ha escrito artículos sobre el manifiesto y que revela no haberlo leído. Y si lo han leído y no lo han entendido, que vayan a un psiquiatra para que les aclare la mente”. Me complace saber que mi perplejidad es compartida por alguien tan calificado profesional y moralmente como el académico Castilla del Pino, quien, frente a la discriminación lingüística impuesta por el franquismo, defendió abiertamente el catalán, lengua en la que publicó, en 1969, la primera edición de su libro La incomunicación.
El País publica hoy un artículo, “Varias decepciones y una profunda desazón”, firmado por el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña. Además de ponerse de espaldas a las violaciones del artículo tercero de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos cometidas a nombre de la “inmersión lingüística” por el gobierno del que forma parte –denunciadas en la prensa, en primer lugar, por padres, comerciantes e intelectuales catalanes–, el consejero se suma al bando de los que tergiversan el Manifiesto para justificar el rechazo al mismo y, de paso, ejercitar el muy político oficio de enmascarar realidades.
Cotejemos lo que en su artículo dice el consejero que el Manifiesto dice con lo que éste realmente dice:
El consejero: “El manifiesto busca que el castellano no sea lengua común, sino lengua única. Vuelve esa vieja visión que ignora la rica pluralidad de España”.
El Manifiesto: “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas –el castellano– goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen.” “Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que “las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas.”
El consejero: “Defender el derecho a escolarizar exclusivamente en castellano es, directamente, arrebatar derechos a los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña. Lo que el Manifiesto parece defender es el derecho a no aprender en catalán, a no usarlo, a no entenderlo, a no escucharlo, a reducir su aprendizaje, como máximo, a la condición de materia ordinaria. En resumen, a poder prescindir del catalán para vivir en Cataluña.”
El Manifiesto: “Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.”
El consejero: “El Manifiesto expresa una decidida voluntad de imposición de una lengua sobre otra que, por su “carácter particular” y “no común”, debería resignarse a su papel de “representante de la peculiaridad regional”. Que no moleste, que no se oponga a la ocupación lingüística total de espacios sociales y culturales.”
El Manifiesto: “En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua co-oficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública.”
Por lo visto, los enemigos del Manifiesto sólo han podido, hasta ahora, falsearlo y negar los hechos que lo justifican.
